Entre las modificaciones que presenta el Decreto 2/20 se encuentra la autorización a los municipios para privatizar libremente las frecuencias concedidas para la explotación del servicio de radio y televisión de manera directa. También incluye que las empresas que ostenten las licencias privatizadas no tendrán que tener domicilio social en el territorio ni contar con un informe preceptivo por parte del Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA). Asimismo, deja de penalizar a las anunciantes que compren espacios en emisoras sin licencia.
Las entidades firmantes alertan sobre la desregulación en un sector que provocará más privatizaciones, competencia desleal, intrusismo laboral, carta blanca a las emisiones piratas y una merma en la pluralidad informativa. Asimismo, ponen el acento en el impacto negativo en el empleo de un decreto que deja al sector audiovisual andaluz “tocado de muerte”.
Puedes leer el comunicado completo a continuación:
Los colectivos profesionales, organizaciones sociales, facultades de
comunicación, sindicatos, oenegés y medios de comunicación de
Andalucía firmantes, alertamos de las devastadoras consecuencias para
el empleo, la pluralidad informativa y la diversidad mediática del
Decreto Ley 2/20, de Mejora y Simplificación de la Regulación para el
Fomento de la Actividad Productiva en Andalucía, aprobado por el
Gobierno Andaluz y remitido para su validación al Parlamento regional.
Esta norma supone, de facto, una ruptura de los consensos políticos y
sociales que llevaron a la aprobación de la Ley Audiovisual de
Andalucía (2018) y que convirtió a la Comunidad andaluza en un
referente en políticas audiovisuales a nivel estatal.
Las entidades firmantes denunciamos las formas con las que ha actuado el Gobierno de la Junta de Andalucía, llevando a Diputación Permanente y en pleno Estado de Alarma por el COVID-19 importantes cambios sin debate alguno y tan solo dos años después de dar el visto bueno a la actual Ley por parte de todos los grupos políticos del Parlamento. Pedimos al Gobierno Andaluz que abandone la unilateralidad y vuelva a la Mesa para la Ordenación e Impulso del Sector Audiovisual en Andalucía (MOISA) para alcanzar los consensos necesarios que mantengan la esencia de la norma andaluza que tanto tiempo y esfuerzos nos costó construir.
Las principales consecuencias de este Decreto, que ataca el cuerpo
central de la norma andaluza, es la privatización de los medios
públicos locales, tanto de radio como de televisión. Además,
contraviene uno de los objetivos de la comunicación local, que es la
construcción de identidad territorial, al permitir que desembarquen
empresas de comunicación desde fuera de Andalucía sin arraigo en el
territorio, ocupando frecuencias que ahora son públicas.
Esta particularidad, permitirá que cualquier empresa pueda utilizar la
frecuencia de la radio o televisión municipal sin fines de servicio
público y para repetir una señal producida en Madrid, Barcelona o
incluso, en el extranjero, algo que va claramente en detrimento del
empleo andaluz, los contenidos locales y la articulación territorial.
El artículo 5 del Decreto Ley que reforma la Ley Audiovisual establece
la supresión del artículo 38.1.c, eliminando la obligación de
disponer de estudio de producción operativo en el ámbito territorial
de cobertura (sea municipal, comercial o comunitario). Esta medida es
contraria a la Ley General Audiovisual y a los principios inspiradores
de la Ley andaluza.Por otra parte, lejos de proteger el espacio radioeléctrico, este
Decreto Ley permitirá a las empresas anunciarse en emisoras ilegales e
incluso emitir campañas institucionales derivadas por agencias de
publicidad sin que sean sancionadas. Esta norma garantiza impunidad a
las emisiones piratas que merman la capacidad de ingresos por publicidad de las emisoras legales, tanto privadas como públicas, desregulando el sector, su transparencia y control fiscal.
El Decreto degrada el papel del Consejo Audiovisual Andaluz,
prescindiendo de sus informes para determinados asuntos entre ellos los
cambios de adjudicatarios en los negocios jurídicos con las licencias
obtenidas en concurso público. Con esta decisión, el Gobierno Andaluz
minusvalora al sector audiovisual y pone en riesgo industria y empleos.
El decreto del Gobierno deja al sector audiovisual andaluz, que esperaba
con urgencia la puesta en marcha de las medidas anunciadas en la Ley
Audiovisual aprobada por unanimidad hace menos de dos años, tocado de muerte. Al auge de la piratería, el mercadeo de licencias y la
dificultad en la articulación territorial en una región de más de ocho
millones y medio de habitantes y 87.000 km cuadrados se suma este
despropósito del gobierno regional que pretende convertir Andalucía en
un mero satélite transmisor, un latifundio mediático sin información
local, destruyendo empleo y comprometiendo el futuro del audiovisual
andaluz. La ciudadanía andaluza no ha pedido tamaña desregulación.No es una exigencia ni una necesidad del sector audiovisual, más bien
al contrario: necesitamos poner en marcha con urgencia las medidas de
control e impulso del audiovisual contempladas en la Ley. Es por ello
que pedimos a la Junta de Andalucía paralizar la aprobación de este
decreto y que convoque una mesa de diálogo con urgencia y sin excusas.
Organizaciones firmantes:
- Sindicato de periodistas de Andalucía (SPA-Fe-SP)
- Asociación de Emisoras Municipales y Ciudadanas de Andalucía de Radio y Televisión (EMA-RTV)
- Red Estatal de Medios Comunitarios (REMC)
- Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA)
- Coordinadora Andaluza de ONGD (CAONGD)
- Facultad de Comunicación de la Universidad de Málaga
- Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla
- Asociación de la Prensa de Cádiz
- Asociación de la Prensa de Almería
- Asociación de la Prensa de Sevilla
- Asociación de la Prensa de Huelva
- Asociación de la Prensa de Málaga
