La DPSCA fue creada por la Ley de medios audiovisuales en 2009 y comenzó a funcionar en noviembre de 2012. Su misión es defender a las audiencias de radio y televisión y promover el derecho humano a la comunicación y la libertad de expresión. En los últimos años, el gobierno de Milei y sus simpatizantes, incluido Soher El Sukaria, interventora de la entidad, han acusado al organismo de haberse dedicado durante años a «perseguir periodistas» afirmando incluso haber encontrado «listas negras» con los nombres de esos profesionales. Afirmaciones a todas miras falsas.
En 12 años nadie denunció haber sido perseguido. Todo lo contrario. Hay innumerables testimonios escritos y grabados de periodistas, trabajadores de medios públicos, privados y comunitarios, empresarios y funcionarios agradeciendo la función pedagógica del organismo, su rol de mediación y su capacidad de diálogo.Incluso en casos donde existían notables diferencias de opinión respecto a los asuntos tratados, el vínculo de la DPSCA con medios y periodistas fue siempre respetuoso y promotor del diálogo sin grietas. Todavía pueden verse en la web videos de «casos resueltos» en los que tanto audiencias de radio y televisión que presentaron reclamos, como productoras y periodistas destacan el papel de la Defensoría.
Después de la finalización del mandato de la última defensora del público, las autoridades del Congreso deberían haber convocado a la Comisión bicameral que tiene la potestad de elegir al defensor o defensora. Sin embargo, decidieron nombrar a Soher El Sukaría como interventora para realizar una “auditoría patrimonial y funcional”. Le dieron un plazo de 180 días y 60 días extra para redactar el informe y presentarlo al Congreso. La interventora sumó más empleados: personas de su confianza y ningún conocimiento en derechos a la comunicación. Con el paso de las semanas la interventora comenzó a autopercibirse defensora. Cambió su cargo en la página web a «Defensora interina», aunque los únicos autorizados según la ley para nombrar una defensora son los miembros de la Comisión Bicameral, es decir las y los legisladores.
Asimismo, suspendió todas las actividades para lograr así la profecía autocumplida de «un organismo público que no hace nada» interviniendo para que deje de cumplir sus funciones. Hasta el nuevo mandato, todos los años la DPSCA entregó informes detallados al Congreso de todas sus acciones, presupuestos, casos resueltos, capacitaciones, alianzas y publicaciones. Esos informes fueron recibidos, analizados y aprobados por la Comisión Bicameral de Servicios de Comunicación Audiovisual que siempre contó con representación plural de los partidos políticos. La intervención llevó al extremo el congelamiento de la DPSCA.
«La Defensoría del Público, creada por una ley que aún está vigente, trabajó durante 12 años en defensa de las audiencias de medios audiovisuales, resolvió positivamente miles de reclamos, recorrió el país con capacitaciones para promover y ampliar la libertad de expresión, creó condiciones para que todas y todos puedan ejercer su derecho a la comunicación. La intervención gubernamental está coartando ese derecho con una narrativa de supuesta eficiencia mientras gobierna para favorecer al poder concentrado en todos los ámbitos, también en el de la comunicación».
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