El Tribunal Constitucional ha aceptado el recurso de inconstitucionalidad presentado por cincuenta senadoras y senadores socialistas contra el Decreto 2/2020 (de Mejora y Simplificación de la Regulación para el Fomento de la Actividad Productiva en Andalucía), que modifica 21 normas básicas y seis decretos entre ellas la Ley Audiovisual aprobada en 2018.
Esta aceptación del Tribunal Constitucional llega después de que el Defensor del Pueblo rechazase presentar recurso de amparo tal como le pidieron la APDH (Asociación pro Derechos Humanos de Andalucía) y la PDCPA (Plataforma en Defensa de la Comunicación y el Periodismo en Andalucía), argumentando precisamente, la posible admisión a trámite del recurso presentado por las y los senadores socialistas. En estos recursos el Defensor del Pueblo si argumentó contra el procedimiento seguido por la Junta de Andalucía, aprovechando la cuasi paralización de la actividad parlamentaria para promover la validación del decreto por la diputación permanente y sin que mediase debate parlamentario. El Defensor del pueblo no atendió la petición de la APDH-A y la PDCPA alegando que los senadores socialistas habían presentado recurso al TC. Aunque el texto del recurso socialista no se conoce, fuentes socialistas sostienen que piden la anulación del decreto tanto por las formas de aprobación como por el contenido.
En el ámbito audiovisual, el Decreto 2/2020 autoriza a los municipios para privatizar libremente las frecuencias concedidas para la explotación del servicio de radio y televisión de manera directa. También incluye que las empresas que ostenten las licencias privatizadas no tendrán que tener domicilio social en el territorio ni contar con un informe preceptivo por parte del Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA). Asimismo, deja de penalizar a las anunciantes que compren espacios en emisoras sin licencia.
Numerosas entidades del ámbito de la comunicación llevan meses alertando sobre la desregulación en un sector que provocará más privatizaciones, competencia desleal, intrusismo laboral, carta blanca a las emisiones piratas y una merma en la pluralidad informativa. Además de afectar negativamente al empleo en el sector.
El PSOE-A ha manifestado su «satisfacción» por la decisión del Pleno del Tribunal Constitucional (TC) de admitir a trámite del recurso de inconstitucionalidad el cual considera, según afirma su portavoz, Manuel Jiménez Barrios, “un abuso jurídico, y también por la forma en la que se aprobó, en una Diputación Permanente, cuestionada en su validez legal, y no en el Pleno del Parlamento». Así, ha destacado que los socialistas ya denunciaron que supone una «barbaridad jurídica sin precedentes» porque «destruye controles, merma a las instituciones, no vela por el interés público y degrada la función parlamentaria».
