El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha hecho público el segundo borrador del Anteproyecto de Ley General de la Comunicación Audiovisual, que incluye algunas de las modificaciones solicitadas por la Plataforma en Defensa de la Comunicación y el Periodismo en Andalucía (PDCPA) y otras plataformas como la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) y la Asociación Española de Radiodifusión Comercial (AERC); en sendos documentos de alegaciones presentados durante el período de consulta pública tras la publicación de la primera versión del Anteproyecto, a finales de 2020.
Entre esas modificaciones destaca la ansiada prohibición de la gestión indirecta de radios y televisiones municipales, una de las grandes luchas de la PDCPA. Las alegaciones realizadas pedían mantener la gestión directa de la prestación del servicio público de comunicación audiovisual autonómico y local en los términos descritos en el Art. 40 de la LGCA de 2010, previo a su modificación en 2012.
La posibilidad de privatización de la gestión de los medios públicos fue uno de los apartados más cuestionados del APL, que permitía en sus artículos 71 y 74 la gestión indirecta o en colaboración público-privada de los canales públicos autonómicos y locales, al aceptar la modificación de la LGCA 7/2010 de 31 de marzo realizada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012. Esta modificación suponía que las CC.AA. podían desligarse de su papel garante de las frecuencias reservadas para la prestación directa del servicio público de comunicación audiovisual y podían dejar en manos de empresas privadas su gestión.
El anterior Anteproyecto asumía la postura de la Junta de Andalucía que modificó la Ley Audiovisual de Andalucía 10/2018 para permitir la privatización de los servicios públicos locales de radio y televisión, así como la emisión de publicidad sin título habilitante y la conversión en postes repetidores de medios locales. La PDCPA entendió que invadía competencias estatales fijadas en la Ley General Audiovisual, como así viene a hacer ver el nuevo Anteproyecto, por lo que la decisión fue motivo de recursos al Tribunal Constitucional y al Defensor del Pueblo en abril de 2020
Los medios públicos locales son una pieza clave en la vertebración del territorio, la participación ciudadana y la toma de decisiones colectivas, amparadas en el derecho constitucional de acceso, creación y difusión de informaciones (Art. 20.3, Constitución Española). Una realidad consolidada con más de 40 años de existencia que cumple en sus territorios de cobertura un papel imprescindible, imposible de asumir por el sector privado.
Aunque otras muchas alegaciones no hayan sido atendidas, existe satisfacción en el sector por haber conseguido, después de una ardua lucha, que se atiendan las peticiones para salvar los medios públicos locales de la privatización. A partir de ahora queda abierto un nuevo plazo de alegaciones que las asociaciones volverán a aprovechar para presentar argumentos respecto a otros aspectos no atendidos para mejorar el texto, entre ellos los relativos a los medios comunitarios, la transparencia en los negocios jurídicos o la independencia de la autoridad audiovisual.
Puedes consultar el nuevo APL aquí.
