El Gobierno Central lleva al Consejo de Ministros la petición de un informe preceptivo al Consejo de Estado para llevar al Constitucional el Decreto Ley de Mejora y Simplificación Normativa de la Junta, que modifica sustancialmente la Ley Audiovisual de la comunidad y que fue convalidado por la Diputación Permanente del Parlamento Andaluz en pleno estado de alarma por el Covid-19.
El Consejo de Ministros solicita el informe preceptivo al Consejo de Estado, antes de acudir al Alto Tribunal, por considerar inconstitucional la reforma de la Ley Audiovisual o no detectar la urgencia que justifica el decreto convalidado en la Diputación Permanente de la Cámara Andaluza en pleno estado de alarma. Si finalmente el Ejecutivo Central eleva el recurso, la norma andaluza quedará en suspenso mientras se dilucide si invade competencias estatales o no.
El conocido como «decretazo» fue convalidado el pasado jueves día 2 de abril con los votos en contra de Adelante Andalucía y PSOE, que ese mismo día ya anunciaron un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, la vía con la que cuentan los grupos políticos autonómicos para recurrir la reforma.
Este decreto supone una modificación sustancia de la Ley Audiovisual de Andalucía (2018), aprobada por unanimidad de todos los grupos parlamentarios en la pasada legislatura, incluidos PP y Ciudadanos, tras varias meses de negociaciones. La modificación más grave en el ámbito de la comunicación es la autorización a los municipios para privatizar libremente las frecuencias concedidas para la explotación del servicio de radio y televisión de manera directa, lo que supone una invasión en materia de Telecomunicaciones y en normativas marco sobre regulación publicitaria.
