El Parlamento Andaluz ha validado el Decreto Ley de Mejora y Simplificación de la Regulación para el Fomento de la Actividad Productiva en Andalucía (2/2020), que hace viable la privatización de los medios públicos locales. Ha sido aprobado por la vía de urgencia a través de la Comisión Permanente del Parlamento, el único órgano operativo por el cierre de la Cámara por el Covid-19, con los votos en contra de Podemos y Adelante Andalucía.
Este Decreto supone una modificación sustancial de la Ley Audiovisual de Andalucía (2018), aprobada por unaminidad de todos los grupos parlamentarios en la pasada legislatura, incluidos PP y Ciudadanos, tras varios meses de negociaciones.
La modificación más grave es la autorización a los municipios para privatizar libremente las frecuencias concedidas para la explotación del servicio de radio y televisión de manera directa. El Decreto también incluye que las empresas que ostenten licencias privatizadas no tendrán que contar con domicilio social en el territorio ni tener un informe preceptivo por parte del Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA). Esto implica que las radios podrán emitir programación diseñada desde Madrid, Barcelona o incluso desde el extranjero. Asimismo, deja de penalizar a las anunciantes que compren espacios en emisoras sin licencia o “piratas”.
El Decreto ha generado la contestación de numerosos colectivos profesionales y sindicales del ámbito de la comunicación, que han emitido varios comunicados (Posicionamiento Común Respecto a las Medidas Anunciadas en el Decreto Ley 2/20de Mejora de la Regulación para el Fomento de la Actividad Productiva en Andalucía) y que han luchado hasta el último momento por evitar la aprobación del mismo. Los colectivos alertan sobre la desregulación en un sector que provocará más privatizaciones, competencia desleal, intrusismo laboral, da carta blanca a las emisiones piratas y una merma en la pluralidad informativa, entre otras cuestiones.
