La Ley Audiovisual de Andalucía ha sido aprobada por unanimidad tras varios años de debate. En la norma han participado activamente en su elaboración la Asociación de Emisoras Municipales de Andalucía (EMA-RTV), el Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA), el Foro Andaluz de Comunicación y otras organizaciones y entidades del tejido social andaluz.
Estos colectivos han incidido en el refuerzo y desarrollo de los derechos fundamentales a la información y a la comunicación de la ciudadanía.
Uno de los aspectos más destacados que contempla la ley es la defensa que hace del servicio público de comunicación audiovisual. En esta línea, se defienden y se potencian los medios de comunicación social de titularidad pública autonómicos y locales, así como de los medios de proximidad, a la vez que se fortalecen los mecanismos de control del servicio público local, prohibiendo su externalización.
La transparencia del sector es otro de los puntos claves que se ha incorporado en la norma con la creación del Registro de Prestadores de servicio audiovisual de Andalucía y un procedimiento de concurso público para la obtención de licencias, con un régimen de sanciones para las emisiones ilegales que pueden llegar hasta los 200.000 euros. Asimismo, se reconocen como servicio público audiovisual los que puedan ser prestados por las universidades públicas andaluzas y los centros docentes públicos no universitarios.
La ley también regulariza la situación de los medios comunitarios sin ánimo de lucro, para lo cual define las condiciones de la prestación de servicios Y la gestión de sus licencias, así como el control y la supervisión de su funcionamiento.
Del mismo modo, esta ley mejora, refuerza y avanza en el desarrollo de los derechos fundamentales a la información y a la comunicación de la ciudadanía andaluza. Para ello, desarrolla un catálogo de derechos de la ciudadanía en que contempla a las personas usuarias como parte integrante e indisoluble de la comunicación audiovisual. En este sentido, destacan los derechos de las personas con discapacidad, la protección de las personas menores y mayores y la apuesta por la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en los medios.
La norma incluye también instrumentos jurídicos más eficaces para acabar con la piratería y las emisiones ilegales. Para ello, prevé el refuerzo de la actividad inspectora y la prohibición de incluir publicidad en emisiones sin licencias.
Manuel Chaparro, catedrático de Periodismo de la Universidad de Málaga señala que la ley aprobada ha pasado desapercibida por la ciudadanía por el silencio de la prensa, la radio comercial y el medio público autonómico: «la importancia de la Ley radica en la oportunidad de debatir el territorio para conocer su realidad. Se hace necesario reforzar la narración de lo cotidiano con el fin de entender los problemas que afectan a la ciudadnía y permitir una opinión pública más libre y crítica».
Participación Ciudadana y Derecho de Acceso
Esta Ley obliga a las emisoras públicas y comunitarias sin ánimo de lucro a garantizar el derecho de acceso de las entidades sociales y culturales representativas a los servicios de comunicación audiovisual.
Además, establece la creación del Consejo de Participación Audiovisual integrado por representantes de la ciudadanía y de los agentes del sector. También contempla la aprobación del Plan de Ordenación e Impulso al Sector Audiovisual y de un Observatorio Público de Audiencias de Andalucía que estudie los consumos cualitativos y cuantitativos de los medios de comunicación autonómicos y locales por parte de la población andaluza.
Adicionalmente, cubrirá aspectos insuficientemente desarrollados por la legislación estatal básica en vigor desde 2010 (la Ley General de la Comunicación Audiovisual), sobre todo, en lo relativo a la ampliación de los derechos de los usuarios, la protección de los menores, la participación de la ciudadanía, la alfabetización mediática, el derecho de acceso, el control de las emisiones ilegales y el reforzamiento de las sanciones.
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