Andalucía cuenta con un total de 27 radios públicas locales cuya gestión está en manos de entidades privadas, según las investigaciones del grupo LabCOMandalucía, las cuales también denotan una larga trayectoria de externalización en la mayoría de ellas.
La nueva Ley General de la Comunicación Audiovisual 13/2022 (LGCA) de ámbito estatal, aprobada este mismo año, no permite la externalización de los medios públicos locales. El espectro radioeléctrico es un bien no transferible que solo puede ser gestionado de manera directa por las entidades públicas, en este caso, los ayuntamientos que hayan solicitado la concesión al gobierno autonómico.La Ley 10/2018 Audiovisual de Andalucía, también establecía con claridad la obligación de la «gestión directa» de estos medios públicos locales. Sin embargo, esta Ley fue modificada por la aprobación del Decreto 2/2020, que daba vía libre a la externalización de estos medios y que finalmente, ha quedado invalidado por la aprobación de la nueva LGCA.
Ante tal contexto, está claro que en Andalucía no se está cumpliendo la Ley. Las nuevas directrices dictadas por la LGCA despejan todas las dudas que pudiera sembrar la aprobación del Decreto Ley 2/2020 por el Gobierno Andaluz (más información AQUÍ) y obligan a intervenir a la Junta de Andalucía sobre estas externalizaciones, así como al pronunciamiento del Consejo Audiovisual, ya que se trata de una situación anómala e ilegal.
La posibilidad de privatización de la gestión de los medios públicos fue uno de los apartados más cuestionados del Anteproyecto de Ley General, que permitía en sus artículos 71 y 74 la gestión indirecta o en colaboración público-privada de los canales públicos autonómicos y locales, al aceptar la modificación de la LGCA 7/2010 de 31 de marzo realizada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012. Esta modificación suponía que las CC.AA. podían desligarse de su papel garante de las frecuencias reservadas para la prestación directa del servicio público de comunicación audiovisual y podían dejar en manos de empresas privadas su gestión. Finalmente, y respondiendo a las alegaciones presentadas por asociaciones diversas de la sociedad civil y el ámbito de la comunicación, entre ellas, la PDCPA (Plataforma en Defensa de la Comunicación y el Periodismo en Andalucía); AERC (Asociación Española de Radiodifusión Comercial); o AUC (Asociación de Usuarios/as de la Comunicación), la LGCA recoge la prohibición expresa de gestión indirecta de los medios públicos.
Los medios públicos locales son una pieza clave en la vertebración del territorio, la participación ciudadana y la toma de decisiones colectivas, amparadas en el derecho constitucional de acceso, creación y difusión de informaciones (Art. 20.3, Constitución Española). Una realidad consolidada con más de 40 años de existencia que cumple en sus territorios de cobertura un papel imprescindible, imposible de asumir por el sector privado. Sin embargo, los trabajos desarrollados por LabCOMandalucía (actualizados a fecha a de junio de 2021), señalan un total de 27 externalizaciones en Andalucía, siendo Málaga la provincia con mayor número: siete. Le siguen Almería y Granada, con cuatro cada una; Huelva, Sevilla y Córdoba con tres; Jaén con dos; y Cádiz con una (listado completo AQUÍ).
La cesión de las emisoras municipales a empresas privadas, pero también a asociaciones y fundaciones, es una practica que sólo beneficia a las personas o entidades adjudicatarias, mientras que deja a los municipios sin un medio público que informe y contribuya a poner en valor el territorio, desfavoreciendo la participación ciudadana y el cumplimiento del derecho a la comunicación.
Las contradicciones de la Comunidad Autónoma Andaluza con la LGCA generan una situación que, de mantenerse, supondría la malversación de un bien público y prevaricación, por actuar al margen (en contra) de una ley estatal.
