El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, resuelve no interponer recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-ley 2/2020 que modifica la Ley Audiovisual de Andalucía (entre otras) pese a realizar una dura crítica sobre el uso de un Decreto-ley para modificar hasta 28 normas y las implicaciones que puede tener, al prescindir del Parlamento de Andalucía para aprobar un Decreto que equivale “a la producción legislativa de varios años”.
Fernández Marugán alerta sobre el establecimiento de un “modelo vertical” que, a su juicio, “puede no comprometer la estricta constitucionalidad de una norma, pero que sin duda constituye una deriva que es imprescindible diagnosticar y reorientar para la buena salud de nuestro sistema político”. Asimismo, hace hincapié en que este tipo de actuaciones “surge como la voluntad de un Gobierno, que traduce el juicio técnico – pero no necesariamente el sentir del tejido social – de un grupo de expertos y altos funcionarios”.
El Defensor concluye su reflexión asegurando que “un modelo de producción legislativa basado en comités de expertos puede ofrecer un excelente punto de partida, y en algunos supuestos será suficiente, pero cuando se trata de asuntos de relevancia, como lo son muchos de los que el Decreto-ley 2/2020 aborda, ese modelo se queda corto y son precisamente el sistema de información pública y el propio trámite parlamentario los que permiten traer al debate todos los pareceres relevantes de modo que se conjure el riesgo de marginar visiones fundamentales de la realidad”.
Pese a las críticas al Decreto-ley que expone en su comunicado, el Defensor del Pueblo responde negativamente a la petición de numerosos colectivos del ámbito audiovisual, integrados en su mayoría en la PDCPA (Plataforma por la defensa del Periodismo y la Comunicación en Andalucía), de presentar recurso de inconstitucionalidad contra un Decreto-ley que, en lo que a la Ley Audiovisual respecta, hace viable la privatización de los medios públicos locales. Además de haber sido aprobado por la vía de urgencia a través de la Comisión Permanente del Parlamento, el único órgano operativo por el cierre de la Cámara por el Covid-19.
A la espera del fallo del Tribunal Constitucional, colectivos y medios andaluces siguen oponiéndose a un Decreto que provocará más privatizaciones, competencia desleal, intrusismo laboral, da carta a las emisiones piratas y merma la pluralidad informativa, entre otras cuestiones.
Puedes leer el comunicado completo del Defensor del Pueblo pinchando aquí.
