El Decreto Ley de Mejora y Simplificación de la Regulación para el Fomento de la Actividad Productiva en Andalucía, aprobado por el Gobierno Andaluz y remitido para su validación al Parlamento, hace viable la privatización de los medios públicos locales.
El Decreto ha generado la contestación de numerosos colectivos profesionales y sindicales del ámbito de la comunicación, al suponer una modificación sustancial de la Ley Audiovisual de Andalucía (2018), aprobada por unanimidad de todos los grupos parlamentarios en la pasada legislatura.
Entre las modificaciones se encuentra la autorización a los municipios para privatizar libremente las frecuencias concedidas para la explotación del servicio de radio y televisión de manera directa. Una vía rápida para que las licencias audiovisuales pasen a engrosar el mapa de las cadenas comerciales, dejando a las localidades sin medios públicos en los que debatir y construir identidad local.
El Decreto incluye que las empresas que ostenten las licencias privatizadas no tendrán que contar con domicilio social en el territorio ni contar con un informe preceptivo por parte del Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA). Asimismo, deja de penalizar a las anunciantes que compren espacios en emisoras sin licencia.
El Gobierno pretende aprobar la propuesta vía de urgencia por la Comisión Permanente del Parlamento, el único órgano operativo por el cierre de la Cámara por el Covid-19. El Decreto no cuenta con el aval de los grupos de la oposición, PSOE y Adelante Andalucía, que también se oponen al mecanismo de aprobación que defiende el Gobierno, pues se trata de una vía habilitada para cuestiones de urgencia en un contexto de emergencia sanitaria.
El Decreto ha sido contestado con dureza por el Colegio de Periodistas de Andalucía, El Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA) y la Asociación de Emisoras Municipales y Ciudadanas de Radio y Televisión de Andalucía (EMA-RTV), que han publicado sendos comunicados al respecto: